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El proyecto es impulsado por
la diputada kirchnerista por Mendoza, Patricia Fadel, y abarca
a ex agentes y empleados del Estado, provincial y municipal,
empresas públicas, universidades nacionales y asociaciones
o organismos intervenidos que hayan sido cesanteados durante
la última dictadura militar.
A través de la norma,
que cuenta con una preferencia para ser tratada en el recinto
en la próxima sesión, se crea un Registro de
Cesanteados Políticos que deberá confeccionar
un padrón nacional de beneficiarios.
Se trata de un reconocimiento
a la pérdida de la carrera administrativa de ex empleados
públicos que se desempeñaban en distintas áreas
del Estado, que fueron cesanteados y no tuvieron resarcimiento
de ningún tipo.
La iniciativa, que fue presentada
por Fadel junto al titular de la comisión de Derechos
Humanos, el kirchnerista Remo Carlotto, debe recibir aún
dictamen de Presupuesto y de Justicia de la cámara
baja, antes de llegar al recinto.
"El proyecto busca otorgar
a las personas injustamente cesanteadas una reparación
al daño causado por el Estado, quien castigó
y persiguió a los agentes por su ideología,
su posición política o gremial, con el agravante
de que estos hechos fueron generados por imperio de la violencia
de Estado", explicó Fadel.
El monto del beneficio es
el mismo del que reciben los hijos de presos políticos
nacidos en cautiverio y que alcanza cerca de los 200 mil pesos.
Según los fundamentos,
los distintos proyectos y leyes impulsados desde el advenimiento
de la democracia han tratado de resolver administrativamente
el grave daño causado a los cesanteados sin causa en
la Administración Pública por el terrorismo
de Estado en la Argentina.
En todos esos casos, y de
acuerdo a la iniciativa, se trató de ampliar los plazos
de presentación de readmisiones laborales, dándose
a conocer los mismos por el Boletín Oficial, medio
masivo de comunicación del Estado nacional, que generalmente
no es consultado por la población.
"Estimamos que la resolución
de estas grandes injusticias fueron encaradas no como una
justa reivindicación sino como un tema netamente laboral,
y su acogimiento debía realizarse en plazos perentorios
y bajo pena de caducidad de un derecho incuestionable",
señala el texto.
Recuerda que, la cesantía
en los niveles, nacional, provincial, y municipal, fue fundamentada
invocando decretos y leyes nacionales, "razón
por la cual es importante que el gobierno nacional tome la
responsabilidad, a treinta años de producida esta situación".
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