La
Justicia inició una causa por contrabando de armas
en la que investiga a Fabricaciones Militares, luego de que
en febrero pasado la Aduana descubriera una supuesta subfacturación
en una operación de exportación de fusiles automáticos.
En el marco de la causa se secuestraron, tres meses después
6.739 kilogramos de estas armas, que Fabricaciones Militares
había embarcado hacia Connecticut, Estados Unidos.
El precio total del cargamento secuestrado era de sólo
2.600 dólares, y se vendía como “material
de desguace”, según informa hoy el diario La
Nación, en base a fuentes que tuvieron acceso al expediente.
La causa es instruida por el juez en lo penal económico
Guillermo Tiscornia y por la fiscal Carolina Robiglio, y se
encuentra bajo secreto de sumario.
Desde 2006, la Dirección General de Fabricaciones
Militares se encuentra bajo la órbita del Ministerio
de Planificación, que conduce Julio De Vido.
La operación de venta había sido aprobada hacía
un año por una comisión integrada por los ministerios
de Economía, Defensa y Relaciones Exteriores. El embarque
iba dirigido a la empresa JLD Enterprises, cuyo propietario
es un argentino, José Luis Díaz.
El precio del cargamento llamó la atención
de los inspectores de la Aduana, y llamaron al Registro Nacional
de Armas (Renar), que constató que "había
piezas con numeración limada y otras cuyas numeraciones
no coincidían con lo asentado en los remitos de exportación",
según fuentes del Gobierno. Entre el material secuestrado
hay 21.000 percutores y 5246 cuerpos cerrojos
Una de las sospechas de los investigadores del caso es que
el destino final de las armas no era Estados Unidos, sino
algún país sudamericano, en el que se revenderían
a narcotraficantes y delincuentes, según las fuentes
judiciales. |
